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La transparencia administrativa constituye hoy en día un elemento consustancial de los sistemas democráticos modernos. Lejos queda ya, recuerda BERMEJO VERA, los tiempos del predominio de la «razón de Estado» absolutamente incompatible con las exigencias que presenta una sociedad democrática moderna que precisa de un electorado informado que pueda hacer efectivo su derecho a participar en los asuntos públicos y, ciertamente, esa «cultura democrática» viene en buena medida determinada por la cantidad y la calidad de la información que se facilite al ciudadano. Constituye, en este sentido, una relevante tarea de interés público el presentar de una forma clara y fácilmente accesible los diferentes temas de información al conjunto de la colectividad para de esta manera reforzar el control democrático de la actuación administrativa

Lo cierto es que, como ha señalado DIBOUT bajo la envoltura de la eficacia administrativa, de la buena gestión pública, incluso de la seguridad del Estado, la Administración durante mucho tiempo ha rechazado el diálogo, la información, la apertura al público. El secreto administrativo ha sido la consecuencia de una práctica fundada sobre la ausencia de un derecho a la información y sobre la noción imprecisa de discreción profesional. Se trata ahora de organizar la «transparencia», para lo cual no será suficiente publicar si el ciudadano ignora su existencia. Será preciso entonces publicar el más útil, de hacer accesible al ciudadano los documentos de que tenga necesidad y advertirle de la existencia de aquellos otros que puedan serle útiles.

Transparencia Administrativa

La transparencia, ha subrayado DEBBASCH cualifica en los últimos años el movimiento de apertura de la Administración hacia el exterior y ha venido a suplantar al concepto de la publicidad de la acción administrativa que se había utilizado como término opuesto al de secreto administrativo, pero la idea de transparencia es más amplia y exigente que el de publicidad. La palabra «transparencia», puntualiza RIVERO no constituye una creación de los juristas sino que aparece en el discurso político-sociológico identificada con una imagen: «la casa de cristal». Cuando pasamos por una casa de cristal se descubre su interior. El problema consiste en saber cuál es la finalidad de la mirada. A este respecto, DEBBASCH descubre esencialmente tres facetas en el concepto de transparencia:

1.ª El derecho de saber: la Administración actúa en función del interés general, los ciudadanos tienen por tanto el derecho de saber qué es lo que sucede en el interior de la Administración, porque ésta está al servicio de aquéllos.

2.ª El derecho de control: se debe saber pero también puede utilizarse este derecho para controlar, para verificar la legalidad y la oportunidad de las decisiones administrativas, para apreciar en última instancia cómo se utilizan los fondos públicos.

3.ª El derecho del ciudadano de ser actor y no mero espectador de la vida administrativa. O como se dice en el vocabulario moderno, el derecho de ser no un administrado, sino un usuario o cliente de la Administración . Se reseña en este sentido cómo la mayor parte de las Administraciones modernas ha reemplazado progresivamente el concepto pasivo de administrado por el término de usuario, ligado estrechamente con la noción de Administración entendida como un verdadero servicio público.

Relaciona DEBBASCH los polos de las realizaciones de la transparencia de la siguiente forma:

1.º El derecho de acceso a los expedientes administrativos: el consumidor, el usuario tiene el derecho de acceder a los expedientes de la Administración, que no son propiedad de ésta por lo demás, y que, por ello, deben ponerse a disposición de aquellos.

2.º El derecho de acceso a la motivación de los actos administrativos: según esto, los ciudadanos tienen el derecho no solamente de conocer los expedientes administrativos, sino también el porqué de las decisiones administrativas e incluso el proceso de los actos administrativos.

3.º El derecho de participación: como se dice, la mejor forma de hacer efectiva la transparencia es poder participar los ciudadanos en los procedimientos de la Administración.

La preocupación por la transparencia administrativa, si bien adquiere en los momentos actuales unos perfiles peculiares, como estamos viendo, coincide, como se ha apuntado, con la instauración de la democracia en los albores del siglo XIX, paralelamente a la desaparición del secreto

Sin embargo, la evolución de la sociedad en el curso de los últimos tiempos y, con ella, la transformación de la actividad de la Administración, ha determinado una notoria modificación de estos planteamientos originales en orden a plantear, cada vez con más insistencia, la necesidad de una mayor transparencia administrativa como fundamento mismo de la construcción de una sociedad democrática.

Varios son los fenómenos que se apuntan como determinantes para esta explosión contemporánea reivindicadora de transparencia administrativa.

1.º En primer lugar, el intervencionismo económico y social de las Administraciones públicas demanda una nueva percepción de las relaciones Administración-ciudadano, pues aquélla no se limita ya a ejercer, en nombre del poder político del cual era el brazo secular, unas funciones regalianas de soberanía, sino que cada vez más se amplían las incursiones del poder administrativo en la vida cotidiana, regulando reiteradamente aspectos concretos y minuciosos de ésta.

2.º La evolución de los conceptos democráticos de los derechos y de las libertades; más concretamente, la idea de que el Estado ha superado su presentación como residencia exclusivamente del poder político convirtiéndose en un verdadero suministrador de prestaciones ha implicado un incremento de las reivindicaciones sociales (derecho a la salud, a la educación, a la vivienda, al medio ambiente, etc.), lo que supone, a la vez, la obligación de aquél de un compromiso más firme de dar cuenta de sus actividades Como nos recuerda VÁZQUEZ DE PRADA, nos encontramos ante una tercera generación de derechos de los ciudadanos . El ciudadano percibe que en el ejercicio de sus más elementales derechos hay una presencia administrativa que condiciona, limita y casi siempre ordena su ejercicio. La mayor o menor intensidad de esa «presencia» administrativa es consecuencia del sistema político social vigente, pero en cualquier caso siempre existirá; su efecto es trascendental, porque su imprecisión puede significar la misma marginación de esos derechos fundamentales. De aquí que se hable de lo que sería la «tercera generación» de tales derechos, entre ellos el derecho de información administrativa y, más precisamente, el de acceso a los documentos públicos en general y administrativos en particular. La calificación de derechos supone —dice el autor citado— un intento de reforzar su eficacia en el contexto de la relación jurídico-administrativa, de suerte que la Administración quede colocada en su verdadero sitio, como una organización «vicaria», de servicio a la comunidad, y de esta manera conseguirse el deseado acercamiento de la Administración-administrados.

3.º Finalmente, el desarrollo de las tecnologías de la información y de la comunicación ha supuesto un cambio notorio en los tradicionales planteamientos de reserva y ocultismo de la Administración, pues a partir de ahora los novedosos medios que en este campo se ofrecen permiten a ésta no sólo disponer de una infraestructura moderna para una mejor y más eficaz gestión de la cosa pública, sino también poder ofrecer a los ciudadanos una puntual y detallada información de la validez, sus objetivos y de la pertinencia de sus decisiones. La Administración moderna no es ya, no puede serlo, un mundo cerrado, un espacio globalmente prohibido al acceso, sino que ahora más que nunca se hace preciso cegar la brecha tradicional entre Administración y administrado.

Estas son las razones que han hecho abandonar el tradicional secreto que reinaba en las actuaciones de la Administración. Desde el Antiguo Reino hasta la época preconstitucional se va generalizando el secreto desde 1850 por medio de normas que disponen el secreto en las más variadas materias, apareciendo así el secreto estadístico, el notarial, el fiscal, el periodístico, el funcionarial, el comercial, el postal, etc. Disposiciones todas ellas que, agrega CASTELLS coincidían en cerrar el paso al conocimiento público de la actuación administrativa.


Comentarios  

#1 Jajauca 10-01-2016 00:31
Es una gran verdad de la sociedad actual, mientras los partidos que nos gobiernan no sean democráticos y les hagamos con nuestros votos que cumplan la ley, nos seguirán manipulando e incumpliendo las leyes. Corrupción institucional y administrativa la vergüenza de este país de corruptos.
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