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Casi todas las fuerzas políticas entendían que las elecciones de 15 de junio de 1977 suponían el surgimiento de unas Cortes que tenían un carácter constituyente. Por tanto, el objetivo inmediato era la elaboración y aprobación de una Constitución democrática para el país que supusiera el establecimiento definitivo de un sistema democrático en España. Para la elaboración del nuevo texto constitucional todos partieron de una premisa fundamental: debía de ser una Constitución consensuada, apoyada por derechas y por izquierdas, por nacionalistas y no nacionalistas.

La Constitución de 1978:

Casi todas las fuerzas políticas entendían que las elecciones de 15 de junio de 1977 suponían el surgimiento de unas Cortes que tenían un carácter constituyente. Por tanto, el objetivo inmediato era la elaboración y aprobación de una Constitución democrática para el país que supusiera el establecimiento definitivo de un sistema democrático en España. Para la elaboración del nuevo texto constitucional todos partieron de una premisa fundamental: debía de ser una Constitución consensuada, apoyada por derechas y por izquierdas, por nacionalistas y no nacionalistas. Se pretendía que fuera un texto asumido y aceptado por todos y que, por tanto, no se repitieran las experiencias anteriores (constituciones del XIX, la de 1931).

Se encargó la redacción del nuevo texto constitucional a una Comisión Constitucional formada por siete diputados expertos en Derecho procedentes de los principales grupos políticos. Fueron los conocidos como “padres de la Constitución”: Gabriel Cisneros, José Pedro Pérez Llorca y Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón de la UCD; Gregorio Peces Barbas del PSOE; Jordi Solé Tura del PCE; Manuel Fraga de AP; y Miquel Roca de CiU. Quedó excluido el PNV, que no quería renunciar a sus peticiones soberanistas para el País Vasco. Además de esos “padres” también tuvieron participación activa, sobre todo para la superación de algunos desencuentros, Abril Martorell, de la UCD, y Alfonso Guerra, del PSOE.

Tras casi un año de discusiones artículo a artículo, donde todos tuvieron que ceder en sus posiciones y reivindicaciones históricas para lograr el consenso, el 31 de octubre de 1978 el pleno de las Cortes (Congreso y Senado) aprobó por amplísima mayoría (UCD, PSOE, PCE, mayoría de AP, CiU, y los demás salvo el PNV) el texto constitucional. El 6 de diciembre de 1978 la Constitución fue sometida a referéndum, siendo aprobada por el 90% de los votantes, venciendo el Si en todas las provincias del país. Días después era firmada por el rey.

La Constitución de 1978 es larga, con un Preámbulo, 169 artículos y varias disposiciones adicionales y transitorias. Dichos artículos se encuentran estructurados en un Título Preliminar y Diez Títulos más. Sus elementos característicos son: Se define a España como un Estado social y democrático de derecho. Se afirma el principio de soberanía nacional, el poder está en el pueblo y de él emanan todos los poderes del Estado. Fija “la indisoluble unidad de la Nación española, patria común e indivisible de todos los españoles”. Contempla “el derecho a la autonomía de regiones y nacionalidades”. En virtud a eso se establece la posibilidad de crear Comunidades Autónomas, organizando un sistema territorial descentralizado que se verá con posterioridad. En relación con lo anterior se establecía la organización territorial de España en base a municipios, provincias y CCAA. España tiene como forma de gobierno la Monarquía Parlamentaria con Juan Carlos I de Borbón como Jefe del Estado, encargado de simbolizar la unidad de la Nación y su representación en el exterior. Establece el sufragio universal, libre, igual, directo y secreto para los mayores de 18 años. Se recoge una amplia declaración de derechos y libertades de los españoles: libertad de expresión y opinión, libertad de cátedra y enseñanza, libertad de culto, derecho a la huelga, libertad de asociación, libertad de prensa, derecho a la propiedad privada. Igualmente, fija la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley.

España queda definida como un Estado aconfesional. Se asienta el principio de separación de poderes, aunque no muy estricta: el poder ejecutivo, formado por el Gobierno de la Nación, lo ostentan el Presidente del Gobierno, elegido por el Congreso de los Diputados, y los ministros, nombrados por el rey a propuesta del Presidente; el poder legislativo, formado por las Cortes, bicamerales, con Congreso de los Diputados y Senado, ambas elegidas por sufragio universal (el sistema bicameral es, sin embargo, desigual, ya que el Congreso tiene muchas más atribuciones y poder que el Senado, pudiéndose aprobar casi todas las leyes aunque sólo obtengan la mayoría en el Congreso); el poder judicial, dirigido por el Consejo General del Poder Judicial, está formado por los jueces y magistrados, además el sistema judicial español mantiene su estructura piramidal: Partidos Judiciales, Audiencias Provinciales, Tribunales Superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas y Tribunal Supremo. Se crea el Tribunal Constitucional, encargado fundamentalmente de decidir sobre la constitucionalidad de las leyes que se aprueben en el país y son denunciadas ante él. Se mantienen como instituciones locales fundamentales los ayuntamientos y las Diputaciones provinciales. La lengua oficial es el castellano, que todos los españoles deben conocer, y son también lenguas oficiales las propias de cada comunidad autónoma a parte del castellano, que sus ciudadanos tienen derecho a conocer. Establece un complejo sistema para su reforma a fin de evitar que se produzcan cambios constitucionales sin consenso de los principales partidos políticos: Fija como bandera nacional la roja y gualda, la capitalidad en Madrid y reconoce el derecho de las distintas regiones a utilizar sus propias banderas junto a la española.

El Estado de las Autonomías:

Uno de los aspectos fundamentales de la Constitución de 1978 es el reconocimiento del derecho a la autonomía de regiones y nacionalidades. De esta manera, al igual que en la II República, se abría la posibilidad de que se constituyeran

Comunidades Autónomas formadas por una o más provincias. El objetivo fundamental era satisfacer los deseos autonomistas de nacionalistas catalanes y vascos y poder integrarlos en el consenso constitucional.

Al establecerse ese sistema autonómico, España quedó configurada como un Estado descentralizado, donde el poder, las competencias, quedaban repartidas de la siguiente manera: El Gobierno de la Nación conservaba las competencias (unas exclusivas y otras compartidas con las CCAA) en asuntos fundamentales como relaciones internacionales, Defensa, seguridad ciudadana, organización del sistema educativo, la justicia, sistema monetario, Hacienda e impuestos, grandes obras e infraestructuras. Las CCAA podían asumir numerosas competencias en urbanismo, turismo, agricultura y pesca, transportes, enseñanza, sanidad, seguridad ciudadana, sanidad, medio ambiente, empleo y, en parte, impuestos. Otras competencias quedaban en manos de ayuntamientos y diputaciones.

Se establecía que cada Comunidad debería tener como ley fundamental un Estatuto de Autonomía, que sirviera para su organización, y que debe estar sometido a la Constitución. En cada Estatuto se establecieron las competencias que asumía la Comunidad Autónoma y sus instituciones fundamentales: el gobierno de la comunidad (Junta en Andalucía, Generalidad en Valencia y Cataluña, etc.) y la asamblea de la comunidad elegida por sufragio universal (Cortes en Valencia, Parlamento en Andalucía y Cataluña, etc.).

Aunque en principio el sistema autonómico se pensó para Cataluña y País Vasco, pronto se sumaron a él Andalucía y Galicia. Estas cuatro regiones llegaron antes a la autonomía y con mayor poder, por lo que se las llamó “comunidades históricas”. Pero pronto, entre 1980 y 1983, se fueron conformando otras comunidades autónomas, hasta alcanzar el número final de 17. En 1995 el sistema se completó con la conversión de Ceuta y Melilla en Ciudades Autónomas.

Con todo, la Constitución estableció un principio fundamental, el principio de la necesaria solidaridad territorial, es decir, que las regiones ricas contribuyeran al desarrollo de las menos ricas. El objetivo era y es evitar los desequilibrios del país con la nueva organización territorial autonómica.

La autonomía castellano-manchega arrancó al constituirse a finales de 1978 un ente preautonómico. Tras diversos debates sobre la extensión y denominación de la región, en 1982 fue aprobado su estatuto de autonomía por las Cortes Generales, celebrándose las primeras elecciones autonómicas en 1983. En dicho estatuto se definían, fundamentalmente, la extensión de la región, sus competencias y su organización institucional: Cortes de Castilla-La Mancha, compuestas por 47 diputados (49 en 2011) elegidos mediante sufragio universal con la provincia como circunscripción electoral. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Está presidida por el presidente regional (José Bono 1983-2004 y José María Barreda desde 2004). Además, la componen los miembros del consejo de gobierno de la región (los consejeros). El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha.

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