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Tras la muerte de Franco en 1975 se plantearon dos posibilidades políticas muy diferentes: el mantenimiento del régimen dictatorial o la instauración de un sistema democrático en España. La continuidad del viejo régimen franquista se reveló rápidamente como imposible, pero la transición desde un sistema autoritario hacia uno democrático parecía complicada. Por una parte, se temía la resistencia de los mandos militares vinculados nostálgicamente con el Franquismo y, por otra parte, algunos grupos políticos de extrema izquierda preferían una solución completamente rupturista que podía provocar inestabilidad y violencia.

Tras la muerte de Franco en 1975 se plantearon dos posibilidades políticas muy diferentes: el mantenimiento del régimen dictatorial o la instauración de un sistema democrático en España. La continuidad del viejo régimen franquista se reveló rápidamente como imposible, pero la transición desde un sistema autoritario hacia uno democrático parecía complicada. Por una parte, se temía la resistencia de los mandos militares vinculados nostálgicamente con el Franquismo y, por otra parte, algunos grupos políticos de extrema izquierda preferían una solución completamente rupturista que podía provocar inestabilidad y violencia.

La mayor parte de la sociedad española aceptó la opción reformista que el rey Juan Carlos I y el presidente Adolfo Suárez propusieron; así, el proceso de reforma democrática se llevó a cabo de una forma ejemplarmente pacífica. Sin embargo, durante el proceso de consolidación del sistema democrático en España, los diferentes gobiernos tuvieron que afrontar los graves problemas económicos derivados de la crisis mundial de 1973 (desempleo, inflación) y el desafío del terrorismo de ETA (casi un millar de asesinatos). En el aspecto internacional, la nueva España democrática logró integrarse en las principales organizaciones de su entorno (OTAN y UE) y rompió con el aislamiento anterior. En la actualidad nuestro país está incluido entre las diez primeras potencias más desarrolladas del planeta y ocupa un lugar destacado en el escenario diplomático mundial.

El Gobierno de Arias Navarro 1975-1976:

Después de la muerte de Franco el 20 de noviembre de 1975 y la proclamación como rey de Juan Carlos I de Borbón dos días después, se planteaban tres posibilidades de futuro: La continuidad, el llamado “Franquismo sin Franco” dirigido por el “Búnker”, los franquistas integristas o puros. Su principal dirigente era José Girón. El reformismo, defendido por buena parte del Franquismo, que apostaba por una evolución de las instituciones franquistas a un sistema democrático. Este bloque estaba formado por personajes de la dictadura como Torcuato Fernández Miranda, Adolfo Suárez, Pío Cabanillas, el teniente general Gutiérrez Mellado, Areilza, Garrigues y Manuel Fraga. La ruptura, o democrática o pactada, defendida por las fuerzas políticas integrantes de la Junta Democrática (PCE) liderada por Santiago Carrillo y de la Plataforma de Convergencia Democrática (PSOE) liderada por Felipe González.

Con todo, se tomara el camino que se tomase, la situación era difícil para el país ante la muerte del dictador. El primer encargado de pilotar el cambio en España fue el propio rey Juan Carlos I, que al suceder a Franco había asumido sus enormes poderes. En principio contaba con escasos apoyos ante la oposición de los franquistas integristas y de las formaciones de la oposición a la dictadura. Sin embargo, desde antes de ser proclamado rey, ya había iniciado contactos con los personajes aperturistas del régimen a fin de poder llevar a cabo el paso de un régimen dictatorial a un sistema democrático. Pero, en principio, el rey tuvo que mantener al gobierno heredado de Franco, presidido por Carlos Arias Navarro, franquista puro. A pesar de ello, Arias se vio obligado, por presiones del rey, a incluir a personajes aperturistas dentro del régimen: Fraga, Areilza, Garrigues, Pío Cabanillas.

El primer gobierno de la monarquía presidido por Arias Navarro inició una serie de cambios, aunque excesivamente moderados:

El indulto de formar parcial a numerosos presos políticos. La legalización de los partidos políticos, excepto los nacionalistas y los comunistas. Se permitieron los derechos de reunión y manifestación ciudadana. La propuesta de reformar las Leyes Fundamentales para hacer que se asemejaran a un auténtico sistema democrático aunque sin acabar por completo con el régimen franquista.

Ya a comienzos de 1976 el rey era consciente de que Arias Navarro era más un obstáculo que otra cosa para conseguir llevar a cabo el paso a un sistema democrático. Al tiempo, aumentaban las huelgas, las manifestaciones de la oposición y las protestas. Pero Juan Carlos I buscaba forzar la dimisión de Arias Navarro, ya que su destitución podía traerle problemas con el “búnker”. La ocasión para forzar su dimisión vino dada por una visita a Estados Unidos donde realizó dos importantes declaraciones: En el discurso dado ante el Congreso de EEUU defendió la democracia y su establecimiento en España. En declaraciones a la prensa norteamericana mostró su descontento por la marcha del país llamando “completo desastre” al gobierno de Arias. Esto último forzó la dimisión de Arias y, por tanto, de su gobierno, en junio de 1976.

Una vez lograda la dimisión de Arias, el rey, con la imprescindible ayuda del presidente de las Cortes y del Consejo del Reino, Torcuato Fernández Miranda, logró nombrar como presidente del gobierno a Adolfo Suárez. Éste había sido hasta ese momento ministro Secretario General del Movimiento Nacional y procedía de entornos falangistas, por lo que fue muy criticado por la oposición y por algunos sectores reformistas del Franquismo. Se le consideraba un franquista y poco capacitado para dirigir el país. Por todo ello, sólo logró formar un gobierno formado por personajes de segunda fila dentro del régimen, por lo que su gobierno fue llamado de “penenes” (interinos). Al mismo tiempo, la oposición aumentaba su presión sobre el gobierno, al unirse la Junta Democrática y la Plataforma de Convergencia Democrática formando la Coordinación Democrática, conocida popularmente como la “Platajunta”. Seguían pidiendo la ruptura total y democrática, aunque en ningún momento tuvieron fuerza suficiente frente al gobierno, acabando al final por aceptar la negociación. De esta manera, el rey contaba ya con los hombres que fueron imprescindibles para la llegada a la democracia de España: el teniente general Gutiérrez Mellado (de gran peso en el ejército), Torcuato Fernández Miranda (presidente de las Cortes y del Consejo del Reino) y Adolfo Suárez (presidente del gobierno).

El desmantelamiento del Franquismo: el Gobierno de Suárez 1976-1977:

En menos de un año el gobierno de Suárez, con el imprescindible respaldo del rey, logró el desmantelamiento del Franquismo desde dentro y, sin ruptura, lograr su rápida evolución hacia un sistema plenamente democrático y constitucional. El objetivo era no romper, en apariencia, la legalidad franquista. Para lograrlo, Suárez comenzó a trabajar en dos frentes: La negociación en secreto con la oposición socialista, comunista y nacionalista. La atracción de la mayoría del Franquismo y del ejército a sus propósitos para lograr ese desmantelamiento pacífico del régimen.

El modo en el que se logró lanzar esa reforma de la dictadura que diera paso a un sistema democrático fue, en apariencia, tremendamente simple: la aprobación de una nueva ley fundamental del régimen, la llamada Ley para la Reforma Política elaborada por Torcuato Fernández Miranda (que defendía el principio de reforma yendo “de la ley a la ley”) y aceptada por Suárez.

En esa Ley, breve y clara, se establecía que las nuevas Cortes deberían ser bicamerales (Congreso de los Diputados y Senado) y habrían de ser elegidas mediante sufragio universal de los mayores de 21 años. De esa manera, se elegirían democráticamente unas Cortes que representarían al pueblo a través de los partidos políticos y que, legalmente, podrían adoptar todas las medidas que creyeran oportunas. Esto es, podrían llevar a cabo la elaboración de una Constitución democrática para el país.

El principal obstáculo para la aprobación de la Ley eran las Cortes franquistas ya que, de ser aprobada dicha ley, la mayoría de sus miembros perderían sus puestos. Sin embargo, gracias sobre todo a Fernández Miranda, éstas aprobaron la Ley ampliamente (429 procuradores de 501).

Superado el obstáculo de las Cortes, la Ley para la Reforma Política fue sometida a referéndum en diciembre de 1976, siendo aprobada por el 94% de los votantes, con una participación del 80% de los españoles con derecho a voto (los mayores de 21 años). Este resultado ratificaba la decidida voluntad de los españoles de establecer una democracia en el país y, al tiempo, refrendaban la política de transición pactada abanderada por el rey y Suárez.

La aprobación de esta Ley abría el camino a la celebración de elecciones democráticas en el país.

Sin embargo, restaba la legalización de algunas fuerzas políticas, necesario para que las futuras elecciones fueran realmente democráticas al permitir la participación de todos, sobre todo de los comunistas. Sin embargo, a la legalización del PCE se oponían buena parte del ejército y parte de los apoyos del gobierno. Finalmente, aun a pesar de que existía un riesgo real de un golpe militar, Suárez decidió legalizar el 9 de abril de 1977, sábado Santo, el Partido Comunista de España, con lo que ya no había ningún problema para la celebración de las primeras elecciones democráticas. Además, unos días antes, el 1 de abril, el partido único, el Movimiento Nacional (FET y de las JONS), era disuelto. Con la adopción de otras medidas más (nuevo indulto a presos políticos, derecho a la huelga, libertades de expresión y opinión, el restablecimiento de la Generalitat de Cataluña con Tarradellas como presidente) se pudo proceder a la convocatoria de elecciones a Cortes el 15 de abril de 1977, que se celebrarían el 15 de junio.

Sin embargo, no cabe olvidar las dificultades que tuvo el gobierno en estos meses. Son de destacar algunos actos violentos protagonizados por grupos de extrema derecha y de extrema izquierda. Igualmente, se recrudeció la actividad terrorista de los GRAPO y, fundamentalmente, de ETA. El objetivo principal de estos grupos era dinamitar el proceso de Transición. Igualmente, no se puede pasar por alto la crisis económica profunda en la que entró el país en estos años, que provocó un aumento del paro y de la conflictividad laboral, con continuas huelgas.

Las elecciones a Cortes de 1977:

El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones democráticas y libres después de cuarenta años. Con una elevada participación, cerca del 80% del electorado, se produjo la victoria de la UCD con 166 de los 350 escaños, partido formado por buena parte de los sectores reformistas del Franquismo y liderada por el presidente del gobierno, Adolfo Suárez. En segundo lugar quedó el PSOE, que obtuvo 118 diputados. El resto de los grupos fueron muy minoritarios: 20 PCE, 16 AP, 6 el Partido Socialista Popular, 11 el Pacte Democratic de Catalunya, 8 el PNV y 6 otros grupos. Con estos resultados, y con el respaldo de AP y del PDC Suárez fue elegido como primer presidente de gobierno democrático de España en más de cuarenta años.

A partir de estas elecciones se inició la recta final del proceso de la transición: la elaboración de una Constitución democrática del país que fuera resultado del consenso de todas las fuerzas políticas, de izquierdas y de derechas, nacionalistas y no nacionalistas. De esta manera, se iniciaba un proceso constituyente. Igualmente, para evitar que la crisis económica (inflación del 40%, aumento del paro, déficit de la balanza de pagos) provocara un rechazo de la población al proceso democratizador, el gobierno y la oposición firmaron los Pactos de la Moncloa. Con dichos acuerdos, todos los partidos se comprometían a apoyar al gobierno de Suárez para que tomara las medidas necesarias para lograr mejorar la economía, por duras que fueran.

Los Gobiernos de la UCD 1979-1982:

La aprobación de la Constitución supuso un paso decisivo para la democratización de España. Sin embargo, todavía era necesario desarrollarla y aplicar una política que acabara asentando las instituciones democráticas en nuestro país. Para empezar ese camino, en 1979 se celebraron dos importantes procesos electorales: En marzo se celebraban elecciones generales. La UCD lograba revalidar su mayoría en el Congreso, aunque sin mayoría absoluta al quedarse con 168 diputados de 350. En segundo lugar seguía el PSOE, con 121 escaños. En mayo se celebraban elecciones municipales en las que obtenía la victoria la UCD aunque, los pactos postelectorales entre el PSOE y el PCE les dieron el poder en la mayoría de los ayuntamientos de las ciudades.

De esta manera Adolfo Suárez, líder de la UCD, se mantenía como presidente del gobierno. Durante el año 1979 se lograron sacar adelante los Estatutos de autonomía de Cataluña y del País Vasco, abriéndose el proceso de conformación de comunidades autónomas en España de acuerdo con la Constitución del 78.

Sin embargo, también surgieron las primeras dificultades para la joven democracia española, que vinieron dadas por los siguientes hechos: La disolución del consenso entre los partidos que había permitido la Constitución. El endurecimiento de la oposición del PSOE, que en 1980 presentó una moción de censura contra el gobierno de Suárez.

El surgimiento de los primeros problemas internos en el seno de la UCD. El recrudecimiento de la actividad terrorista de ETA, que buscaba desestabilizar a la joven democracia española.

Todo ello llevó a Adolfo Suárez a presentar su dimisión a finales del 1980 al frente del gobierno, siendo propuesto como nuevo candidato a la presidencia del gobierno Leopoldo Calvo-Sotelo. Pero fue en este momento cuando la naciente democracia española tuvo uno de sus episodios más dramáticos, cuando intentó ser truncada por una intentona golpista. Ésta se produjo el 23 de febrero de 1981, mientras se estaba celebrando en el Congreso de los Diputados la sesión de investidura y la votación para elegir como nuevo presidente del gobierno a Calvo-Sotelo. En el momento en el que se producía esa votación el coronel Tejero al mando de un grupo de guardias civiles y militares tomaba el edificio del Congreso de los Diputados. Al mismo tiempo, el capitán general de Valencia, Milans del Bosch, mandó los tanques a las calles de la ciudad y declaró la ley marcial y un grupo de militares tomaba las instalaciones de RTVE (Televisión Española) en Madrid. En esta situación de crisis profunda, el intento de golpe de Estado acabó fracasando de forma definitiva gracias al rey Juan Carlos I, que a media noche se dirigió al país mostrando su total apoyo al sistema democrático y constitucional y diciendo que había ordenado a los militares que se mantuvieran leales a la Constitución. A la mañana siguiente los golpistas del Congreso se rendían y el país volvía a la normalidad.

La intentona golpista del 23-F puso de relieve la debilidad del sistema democrático español. Este hecho condicionó la actuación del gobierno de Calvo-Sotelo a lo largo de su año y medio de vida. Además, habría que considerar otra serie de acontecimientos habidos durante su gobierno que acabaron provocando su caída: Se aprobó la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico), consensuada entre la UCD y el PSOE, cuyo objetivo era ordenar y limitar las competencias que podían asumir las comunidades autónomas. Continuó el desarrollo del proceso autonómico, con los debates y aprobación de los estatutos de autonomía de Galicia y Andalucía. Además se iniciaron los procesos de autonomía de las restantes regiones españolas. España ingresó en 1982 en la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), la organización militar de las naciones occidentales encabezada por los Estados Unidos, con la oposición del PSOE y del PCE.

Se iniciaron las negociaciones para lograr el ingreso de España en la CEE, aunque dichas negociaciones fueron frenadas, en buena medida, por Francia.

Pero el hecho de mayor importancia fue la definitiva descomposición de la UCD entre finales de 1981 y a lo largo de 1982. Muchos militantes, dirigentes y diputados de esa fuerza política abandonaron el partido para pasarse a la AP de Fraga y al PSOE de Felipe González. Esa situación acabó forzando a Leopoldo Calvo-Sotelo a convocar elecciones generales anticipadas para octubre de 1982. En dichas elecciones el PSOE obtuvo una abultada mayoría absoluta, con 202 de los 350 diputados, seguido de la AP de Fraga, con 107. La UCD se desmoronaba, obteniendo sólo 12 diputados, al igual que el PCE que quedaba con 4 escaños. De esta manera, se iniciaba una nueva etapa política en la España democrática, protagonizada por los gobiernos del PSOE encabezados durante casi catorce años por Felipe González.

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