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Durante el siglo XIX la base de la economía española era una agricultura poco desarrollada y escasamente productiva. El mantenimiento de las formas de propiedad características del Antiguo Régimen contribuía negativamente en este sentido, por lo que una de las principales actuaciones de los gobiernos liberales en época de Isabel II fue la transformación de esas formas de propiedad, para la práctica de la agricultura, a través de diferentes actuaciones desamortizadoras.

Durante el siglo XIX la base de la economía española era una agricultura poco desarrollada y escasamente productiva. El mantenimiento de las formas de propiedad características del Antiguo Régimen contribuía negativamente en este sentido, por lo que una de las principales actuaciones de los gobiernos liberales en época de Isabel II fue la transformación de esas formas de propiedad, para la práctica de la agricultura, a través de diferentes actuaciones desamortizadoras.

Las desamortizaciones de mayor trascendencia durante el siglo XIX fueron ejecutadas por Mendizábal y Madoz, pero ya en el siglo XVIII hubo antecedentes de éstas. De hecho, en 1798, Godoy, mano derecha del malogrado Carlos IV, inició una tímida desamortización para superar la bancarrota del estado sin apenas consecuencias. Posteriormente, los Decretos Liberales de Cádiz, en plena Guerra de Independencia y su puesta en vigor en el Trienio Constitucional de Fernando VII, consiguieron discretos y efímeros efectos, en cuanto a la transformación de la propiedad de la tierra y por ende de la agricultura y la economía en general.

Fue Mendizábal el que durante la regencia de Mª Cristina comenzó un proceso desamortizador de notables resultados. Mendizábal pretendía consolidar el régimen liberal y la causa isabelina buscando dos objetivos con su desamortización: Liquidar definitivamente las formas de propiedad del Antiguo Régimen (señoríos y mayorazgos), conformando una nueva clase propietaria fiel al Estado Liberal. Y reunir recursos financieros para la Hacienda pública mediante la desamortización de los bienes del clero, desmantelando así el poderío económico de la Iglesia y su protagonismo.

Para ello elaboró varios decretos entre 1835 y 1837 que establecían lo siguiente: La supresión de los conventos y monasterios (1835). La nacionalización y posterior puesta en venta de los bienes de las órdenes regulares masculinas (1836). La exclaustración de las órdenes femeninas, la confiscación del diezmo eclesiástico, y la nacionalización y puesta en venta de los bienes del clero secular, no efectuada hasta la regencia de Espartero (1837). Este decreto se completó con la ley abolicionista de 1837, que suprimía los derechos jurisdiccionales y las cargas señoriales a las que estaban sometidos los campesinos.

La puesta en marcha de tales decretos supuso, a corto plazo, que una burguesía comercial y financiera se hiciera con los bienes nacionalizados, pero que por el contrario la nobleza fuera la adjudicataria en muchos casos de la propiedad de la tierra.

En 1844 la Desamortización de Mendizábal se detuvo por el inicio de un gobierno muy moderado con Narváez.

El segundo gran proceso desamortizador fue el impulsado por el ministro de Hacienda, Pascual Madoz, que buscaba completar el de Mendizábal sumando a la desamortización de los bienes de la Iglesia la de los bienes municipales. Varios eran los objetivos que perseguía Madoz: Reducir la deuda pública. Y conseguir financiación para las obras públicas, sobre todo para el desarrollo del ferrocarril.

En 1855 el decreto desamortizador comenzó a ejecutarse procurando la nacionalización de los bienes propios y comunes de los ayuntamientos y su puesta en venta.

Obviamente el estado percibió bastante dinero pero al mismo tiempo agravó la situación de muchos campesinos que perdieron el derecho al uso colectivo de las tierras municipales.

En general, se puede señalar que las principales consecuencias de ambos procesos desamortizadores fueron las siguientes: Aumentó el número de latifundistas al consolidarse muchos patrimonios nobiliarios y al mismo tiempo acceder gran parte de la alta burguesía a la propiedad de la tierra. Se pusieron en cultivo una gran cantidad de tierras hasta ese momento abandonadas. Las masas campesinas apenas pudieron acceder a la propiedad de la tierra. La Iglesia perdió buena parte de sus bienes. Los ayuntamientos perdieron su principal fuente de ingresos, que procedían de sus bienes.

En este sentido, podemos afirmar que no hubo realmente una reforma agraria, ya que los procesos desamortizadores potenciaron el latifundismo en el centro y sur de España, y al mismo tiempo los problemas de la Hacienda no se solucionaron, porque no llegó a paliarse el déficit crónico del estado. Con respecto a esto, el ministro de Hacienda, Alejandro Mon, decidió llevar a cabo una reorganización fiscal consistente en la creación de tres tipos de impuestos: Los impuestos directos, que eran valorados conforme a la riqueza de cada uno: bienes inmuebles, ganados, tierras y subsidios.

Los impuestos indirectos, que gravaban el consumo de la población: aduanas, consumos y timbre. Y los monopolios del Estado: tabaco, loterías y sal.

La agricultura:

La estructura productiva de la agricultura española apenas se modificó en todo el siglo y siguió basándose en la triada mediterránea (trigo, vid y olivo). Estos cultivos sumados a las leguminosas ocupaban hacia finales de siglo el 90% de la tierra cultivada.

En lo que se refiere a la producción agraria, ésta creció poco hasta el último cuarto de siglo. De todos los cultivos destacó el crecimiento del trigo frente a otros cereales como el centeno y el mijo, que se estancaron. A finales de siglo otros productos como el maíz y los frutales crecieron a un mayor ritmo, aunque su peso en el conjunto de la agricultura española siguió siendo escaso.

En los últimos años del XIX la agricultura española sufrió una profunda crisis como consecuencia del aumento de la competencia exterior con productos más competitivos. Ello llevó al hundimiento de los precios y a que los gobiernos tuvieran que recurrir a aranceles proteccionistas para defender los intereses del campo español.

La industria:

El desarrollo industrial español en el siglo XIX fue mediocre, de tal manera que a finales de siglo los focos industriales se localizaban en el centro de Asturias, Bilbao y Barcelona, con otros núcleos aislados menos importantes. Por eso, a pesar del desarrollo de la red ferroviaria, el nacimiento y crecimiento de la banca y el progreso industrial habido, España fue durante todo el XIX un país eminentemente agrario

Los principales sectores industriales fueron los siguientes:

La industria textil:

El proceso industrializador comenzó con el sector textil sobre todo el algodonero. El desarrollo de esta industria se centró en Cataluña, concretamente en torno a Barcelona. Sus orígenes se encuentran en el siglo XVIII, aunque la introducción de la mecanización (máquina de vapor, hiladora automática…) se produjo durante el XIX. Pero la evolución de esta industria fue un reflejo de las circunstancias históricas del país: tras el estancamiento que supuso la Guerra de Independencia y el reinado de Fernando VII, el sector se desarrolló hasta mediados de siglo; a partir de 1868 el textil reinició su expansión beneficiado por el monopolio mercantil sobre Cuba y Puerto Rico.

La industria siderúrgica:

Estuvo supeditada a las materias primas, hierro y carbón, para su desarrollo. Precisamente, la exportación del mineral de hierro vasco a Inglaterra permitió la suficiente acumulación de capitales para que surgiera la industria siderúrgica vasca centrada en Bilbao.

La minería:

En el siglo XIX la explotación minera se limitó a la explotación de los yacimientos cercanos a los puertos, como sucedió con el hierro de la Cornisa Cantábrica. Pero la minería española se mantuvo estancada debido a la ausencia de demanda, la falta de capitales y tecnología necesarios. Precisamente, para acabar con ese problema en 1868 se aprobó la Ley de Bases de Minas: ésta favoreció el auge minero, coincidente con la expansión de la construcción ferroviaria, y permitió el aumento de la inversión extranjera, sobre todo británica y francesa, que abrieron nuevas minas o reabrieron otras que permanecían improductivas. La producción minera española se centró en el XIX en la explotación del hierro, el carbón y el mercurio Las otras industrias que tuvieron cierto desarrollo en el país fueron la industria naval, la molinera, las industrias derivadas de la explotación agraria y la industria mecánica.

El comercio y los transportes:

El desarrollo del comercio interior fue lento debido a la precaria red viaria y a la escasa demanda interna. Sin embargo en cuanto al comercio exterior durante este siglo se importaron manufacturas industriales, productos siderúrgicos, fibras textiles, maquinaria y carbón. Por el contrario los productos exportados eran principalmente lana, aceite, tabaco, pieles, minerales, vinos y aguardientes. Además el comercio exterior español estuvo condicionado por aranceles proteccionistas durante la mayor parte del siglo XIX.

En lo que se refiere a los transportes, la red de carreteras y caminos era deficiente a pesar de que aumentó en 25.000 km, pasando de 9.000 a 36.000 km en el transcurso del siglo XIX. El transporte marítimo sí que sufrió unas notables mejoras en base a la ampliación de los puertos, el perfeccionamiento de la navegación a vela y la introducción de la navegación a vapor, a finales del XIX. Sin embargo la verdadera revolución en los transportes vino dada por el ferrocarril.

En 1848 se inauguró la primera línea desde Barcelona a Mataró, pero el gran desarrollo comenzó a partir de la Ley de Ferrocarriles de 1855, que estimuló la construcción de una red viaria básica con un diseño radial teniendo a Madrid como centro. Así en los diez años siguientes a la aprobación de la ley se construyeron casi 5.000 km de vía férrea que llegaron hasta los 13.200 en 1900. Este gran desarrollo permitió un cierto crecimiento del mercado interior español, aunque éste siguió siendo tremendamente débil, dado el escaso poder adquisitivo de la mayoría de la población, y el limitado y localizado desarrollo industrial de España.

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